El Estado Benefactor Mexicano
El Estado benefactor sentó en México el marco para el desarrollo de un proyecto económico que pretendía construir consensos y legitimar la actuación de gobiernos de dudosa legitimidad democrática. El proceso que ideológicamente inicia con la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, la primera en proteger derechos sociales en el mundo, se vio interrumpido por la crisis del petróleo en los años setenta y que afectó de manera directa a los países de la región. Como consecuencia de la crisis y de años de malos manejos en los recursos públicos, el Estado inició un proceso de adopción de políticas de corte neoliberal, pasando de ser un estado proteccionista y que tenia como baza el mercado interno, hacía un modelo de crecimiento externo sustentado en la apertura y en la integración comercial.[1]
En un inicio con la salida de la crisis de finales de la década de los veintes, la mayoría de los Estados capitalistas implementaron como políticas anti cíclicas un aumento significativo en las inversiones y el gasto público. En un inicio esta serie de medidas trajo consigo una mejora en la renta y arrojó una visión mas favorable hacía las acciones del Estado con la sociedad. El principal aporte de esta serie de medidas, fue el reconocimiento de que el Estado tendría un papel económico más activo y que buscaría con una serie de políticas “atenuar las desigualdades sociales provocadas por el funcionamiento del libre mercado”.[2]
Específicamente en México, es en las décadas de 1930 y 1940 que se consolida la participación del Estado. En este periodo, el manejo de los recursos públicos y las decisiones estatales se dirigieron a ampliar las oportunidades de valorización del capital y a lograr cierta justicia social, no solo con una perspectiva puesta en cuestiones éticas sino con el entendido que este mejoramiento en el nivel de vida, eran la base de la estabilidad social y la construcción del capitalismo mexicano. Este papel más activo y resolutivo trajo como consecuencia que las estructuras estatales fueran en aumento, lo que en su momento fue determinante ya que en la ausencia de un capital privado que participara de manera activa, fue el Estado quien se erigió como un actor clave en la determinación del rumbo económico del país.
Estas medidas implantadas por el gobierno mexicano, tuvieron como consecuencia en un inicio que las finanzas publicas se vieran deterioradas, sin embargo en el caso mexicano y a diferencia de otras naciones, los beneficios obtenidos en términos de crecimiento permitieron justificar la socialización de los costos presupuestales del progreso. Además, que gran parte de los costos pudieron atenuarse gracias a condiciones económicas que dieron un relativo margen de maniobra financiera, el hecho que después de la posguerra iniciara una etapa de auge del capitalismo mundial que se manifestó en el crecimiento de la productividad y del consumo de los principales países desarrollados, lo que propició el incremento en los flujos de comercio internacional y permitió la absorción de los excedentes de la producción nacional. Además que de manera interna, se contaba con una situación económica estable: la inflación no representaba ningún problema y la paridad cambiaría favorecía la sobrevaluación del peso, lo que se complementaba con tasas de crecimiento del producto industrial y agrícola superiores al crecimiento de la población[3]
Este fenómeno que incluso llegó a denominarse como el milagro mexicano, permitía que por una parte se lograran objetivos económicos, y por otra se satisfacían demandas sociales. Esta nueva realidad, se vio reflejada tanto en el aspecto económico, donde el Estado creó condiciones que redujeron los costos de producción de la naciente industria nacional y le aseguró un mercado cautivo, como en términos sociales donde de acuerdo a Loyzaga (2002, 31) “El Estado como promotor de una política social, distribuyó beneficios mínimos entre obreros, campesinos, clases medias y militares; los empresarios de los diversos sectores económicos, de nivel pequeño, mediano y magno, así como las trasnacionales obtuvieron sus respectivos y diferentes beneficios”. Finalmente en la arena política, este corporativismo de Estado como fue bautizado (Schmitter, 1999; Aguilar, 1997: 154), se asentó en coaliciones distributivas que fueron la base de la estabilidad política. Sin embargo y a diferencia de los países europeos, la existencia de un solo partido político, no permitió que esta serie de prerrogativas alcanzaran el carácter de derechos sociales, sino que eran tenidas como dadivas del gobernante, lo que hacía que su distribución no estuviera sustentada en principios de justicia, sino en cuestiones políticas, lo que al final generaba una mayor dependencia entre las partes y la existencia de un circulo vicioso que trajo resultados negativos para ambos, ya que por un lado la sociedad se hacía dependiente aumentando las demandas en un aparato estatal que tenía que aumentar su tamaño para poder responder a la sociedad, que desincentivaba la participación de capital privado y extranjero, que recurría al endeudamiento como manera de hacer frente al gasto y que finalmente, veía innecesario establecer las demandas sociales en textos constitucionales y que seguían formando solo parte de la costumbre con los problemas que esto representa.
De acuerdo con Vázquez,[4] el Estado benefactor en México estaba influenciado por cinco partes: a)las teorías del desarrollo europeo de los años cincuenta en las que se veía al desarrollo como un proceso automático siempre que estuvieran presentes o se satisficieran algunos requisitos como es la infraestructura social; b) la influencia nacionalista y popular de esa misma época; c)el modelo alemán de gasto social, reflejados en las ideas de Bismark del seguro social, y en la perspectiva de la Republica de Weimar donde el Estado ocupaba un papel fundamental como juez en cuestiones de índole laboral incluyendo una profunda reforma en los derechos laborales; d)el modelo de beveridge a través de la implementación de políticas de bienestar universales y por ultimo; e) la teoría intervencionista keynesiana, lo que justificó un mayor gasto estatal destinado a la inversión para incrementar la demanda agregada.
Un punto a criticar respecto a la manera que se desarrollo el Estado Benefactor en México fue que no logró integrar doctrinas avanzadas sobre el bienestar, por ejemplo, se renunció al enfoque redistribuidor del gasto público planteado por Titmus en Inglaterra y a la provisión de bienestar como un derecho ciudadano.[5]
Las cuatro décadas de expansión del capitalismo mundial de los años treinta a finales de la década de 1970, en las que las empresas florecieron y las sociedades en su conjunto accedieron, a grados de bienestar superiores a los de periodos previos, se agotarían. La crisis de productividad que se había incubado en las economías occidentales y el agotamiento de la estrategia de sustitución de importaciones en los países en desarrollo trajo como consecuencia una grave crisis mundial que se vería agravada en el caso mexicano por el resquebrajamiento del régimen de paridades fijas, que trajo como consecuencia un aumento significativo en las tasas de interés y que en los países que habían contraído deuda, como el caso de México, se produjera un severo desorden financiero que el Estado fue incapaz de poder hacer frente. Esto generó que todas las miradas fueran puestas en el gobierno como eje central de la crisis lo que desemboco en una cada vez mayor insatisfacción respecto a su desempeño y preparó el terreno para la avanzada de las posiciones políticas y económicas de índole neoliberal.
El movimiento neoliberal no solo trajo consigo una serie de practicas económicas, sino también políticas e ideológicas. En éstas, la libre competencia sirve tanto para expandir la esfera de las libertades políticas y económicas de los ciudadanos, como para estimular la creatividad, la innovación, el progreso técnico y el desarrollo económico, y toda intromisión que perturbe el ajuste del mercado, eliminará la eficiencia económica de las sociedades. Esta revolución ideológica encontró en la década de los ochentas el momento idóneo para desarrollarse, con toda las miradas puestas en la labor del gobierno, fue solo cuestión de tiempo para que se incrustaran en el discurso del político mexicano.
No pretendo ocultar la difícil situación que vivía el país, México se encontraba inmerso en una situación en la que se tenía que lidiar con la vulnerabilidad externa de los países en desarrollo, el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, la critica a la acción del gobierno, el aumento de la inflación y los problemas en las finanza publicas, pero tampoco podemos negar, que en muchos casos, fue peor el remedio que la enfermedad.
La discusión política de los años ochenta, no estaba en que modelo habría que implementar, sino cuando debería implementarse el modelo neoliberal. Estos neoliberales, que en México serían conocidos como tecnócratas[6], al momento de llegar al poder articularon una campaña encaminada a mostrar que los problemas económicos generados por el endeudamiento y la crisis de la balanza de pagos se debían de manera casi exclusiva a la mala administración económica del Estado.
De acuerdo con Huerta (2005) en México se siguieron dos principios aplicados de forma paralela: por una parte la exigencia de instituir una nueva relación entre los sectores público y privado, promoviendo la especialización estatal en las funciones y tareas para una intervención pública correcta y por otra la reducción del tamaño de la estructura de gestión pública que hiciera de la misma un modelo de eficiencia y eficacia, recurriendo tanto a la exoprivatización como a la endoprivatización.
Esta serie de medidas en la practica trajo consigo la cancelación de programas destinados a rubros vitales como son la educación, vivienda, salud y trabajo, entre otros. Lo que se buscaba era reducir al mínimo la participación del Estado para descansar en el mercado quien a partir de ese momento y en exclusiva, se encargaría de los procesos económicos, de la producción y la distribución. Como consecuencia de estas medidas, se dieron resultados esperados como fue la reducción del déficit público de 41.4% del PIB en 1983 a 27.7% en 1991. Pero lo anterior no se debió a lo exitoso de la política neoliberal, sino a un simple ajuste lógico derivado por la cancelación de programas sociales de educación y salud, con el redimensionamiento de la administración pública y con la eliminación de subsidios al campo y al sector productivo.[7]Este es uno de los efectos colaterales de las políticas neoliberales, similar a las letras pequeñas en los contratos y que deberían leerse muchas veces antes de firmar, el Estado debía recortar al máximo sin importar si en el camino se veían mermados aquellos sectores de la población que casi siempre resultan ser los más afectados por los cambios en los modelos económicos.
De manera especial para efectos de este trabajo, resulta importante notar el aumento significativo en la pobreza en México, ya que si entre 1968 y 1991 la misma se había reducido, para el 2000 "la pobreza afectaba a 41.1% de la población, tan sólo 1.4 puntos porcentuales por debajo de 1968 pero muy por arriba de los de 1981, 20 años antes".[8]Estos datos tan alarmantes, pueden confirmarse cuando vemos en México un aumento en la deserción escolar, una mayor desnutrición, una economía informal en aumento, y principalmente una cada vez mayor violencia social y mayores índices de drogadicción.
Para corroborar lo apuntado, solo basta observar el ajuste del gasto neto total del sector público como proporción del Producto Interno Bruto, el cual pasó de 41% en 1982 a 21.8% en el año 2000. También podemos observar, que si bien el déficit económico experimentó una notable mejoría, pasando de 15.9 por ciento del PIB en 1982 al 1.25 por ciento en 1999, el gasto publico en las áreas económicas y sociales también han sufrido modificaciones, pasando de un 50 y 25.4 por ciento respectivamente, en el periodo de 1953 a 1982, a un 31.4 y 52.6 por ciento, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Es curioso observar como el gasto social específicamente en educación, salud y pobreza extrema, aumentó considerablemente pasando de cerca del 15 por ciento en 1987 a más del 40 por ciento en 2002, esto con dos objetivos muy específicos, apoyar la formación de capital humano y ampliar los límites de las relaciones mercantiles mediante la incorporación de grupos excluidos de los mercados, situación que en la practica no ha sido así, ya que la pobreza ha seguido en aumento mientras que los mercados han encontrado en México un lugar idóneo para especular, y es que de acuerdo a Vázquez (2005) “El modelo ha quedado entrampado en la función de estabilidad, la cual se concibe como una condición necesaria aunque no suficiente para el crecimiento económico, pero en este marco macroeconómico los capitales líquidos llegan al país como si se tratara de un casino, aprovechando el comportamiento del precio de los activos financieros para obtener jugosas ganancias, se trasladan de la bolsa, al mercado de deuda y de ahí al mercado de divisas, según convenga”. Hemos desmantelado el Estado benefactor, bajo la promesa de un ciclo económico de bienestar nacional, que hoy más que nunca seguimos esperando en México.
[1] Huerta, M. (2005) “El neoliberalismo y la formación del estado subsidiario”, en Política y Cultura, numero 24.
[2] Armando, A. (1983) "Estado y economía ante la crisis actual en América Latina", Economía de América Latina, núm. 11, México, CIDE, 1983, p. 35
[3] Huerta, M. (2005) “El neoliberalismo y la formación del estado subsidiario”, en Política y Cultura, numero 24.
[4] Vázquez, J. (2005) “Neoliberalismo y estado benefactor, el caso mexicano”, en Revista de la Facultad de Economía, BUAP, Año X, Número 30, Septiembre - Diciembre de 2005
[5] Esto fue así porque no representaba ningún aliciente para los políticos, ya que así podrían seguir distribuyendo los recursos a su voluntad y además hacerlo de manera directa y personalizada lo que representaba un gran aporte electoral, esto sin dejar de lado que la sociedad se encontraba a gusto con esta serie de practicas y un hubo un intento verdadero por revertirlas.
[7] Guillen, H. (1995) El consenso de Washington en México, en José Luis Calva (coord.), Problemas macroeconómicos de México, UAM, 1995, p. 58.
[8] Damián A. (2003) "Evolución y características de la pobreza en México", Comercio Exterior, vol. 53, junio de 2003, México, p. 523
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